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Aldo Rico: De carapintada a la política

  13 de septiembre de 2006 (Télam-ei)  Hora: 07:11  

Siempre polémico, Aldo Rico protagonizó el primer levantamiento militar tras la restitución de la democracia
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Fue indultado por el ex presidente Menem. Tuvo una banca como diputado y fue ministro de Ruckauf. Mañana deberá declarar ante la Justicia por delitos cometidos durante la última dictadura militar.

En los primeros años de la democracia, tras el golpe militar de 1976, puso en vilo al país cuando en Semana Santa de 1987 encabezó el primer levantamiento militar contra el gobierno del radical Raúl Alfonsín.

En ese momento fue elegido como "jefe" porque, hasta ese momento, no tenía denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aldo Rico, entonces teniente coronel del Ejército, que había combatido a los ingleses en Malvinas, empezaba a trascender el mundillo castrense justo cuanto Alfonsín pronunciaba la ya conocida frase: "La Casa está en orden".

En enero del año siguiente, cuando el Congreso ya había sancionado las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Rico volvió a ser la figura central del levantamiento de Monte Caseros. Acababa ded violar el arresto domiciliario y estaba considerado “en rebelión”. Pero casi dos años más tarde, Carlos Menem le abrió su pase a la vida política, después de indultarlo.

Para la década del `90 fundó el Modin, un partido de derecha plagado de carapintadas, gracias al cual ganó una banca de diputado nacional en 1991. También fue constituyente nacional y un peso decisivo en la asamblea que reformó la Constitución de Buenos Aires que permitió la reelección de Eduardo Duhalde en la gobernación.

En 1997 llegó al gobierno municipal de San Miguel. Dos años más tarde, quien fuera gobernador de la provincia, Carlos Ruckauf, lo nombró ministro de Seguridad, a cargo de la Policía Bonaerense y sus 45 mil efectivos. Pero duró sólo cuatro meses, ya que renunció en medio de un escándalo.

En 2003, enfrentó a Felipe Solá y al duhaldismo en las elecciones para gobernador, desde un espacio político que, a nivel nacional, se referenciaba en Adolfo Rodríguez Saá. Ese año el puntano fue uno de los tres candidatos presidenciales de perfil justicialista, batalla que terminó ganando Néstor Kirchner. Luego de todo eso, Rico se reincorporó al PJ bonaerense porque, según él, siempre fue peronista.

A la Justicia

Ahora, el ex militar "carapintada" fue citado a declarar por un Tribunal de San Martín, por el delito de "privación ilegítima de la libertad" en la causa que involucra el secuestro y desaparición de Américo Mohmet Sady Arce y de su esposa, Delia Kennedy, hermana de la histórica dirigente peronista Norma Kennedy.

La cita será el próximo jueves a las 9.30 por el juez Federal Alberto Suárez Araujo, en el Tribunal Número Dos de San Martín, quien investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra detenidos en Campo de Mayo durante la dictadura militar, según informaron fuentes judiciales.

El secuestro de Delia Kennedy y su marido ocurrió el 10 de mayo de 1976. La mujer fue secuestrada en una casa de la localidad bonaerense de Munro y su esposo en un domicilio de Capital Federal.

Por ello, la Justicia investiga la participación de Aldo Rico en las desapariciones del matrimonio Sady, mientras éste prestaba servicio en la Policía Militar en Campo de Mayo.

En octubre de 1995, la Cámara Federal de San Martín rechazó un pedido de la dirigente justicialista Norma Kennedy para que se investigue la desaparición de su hermana Delia Kennedy de su cuñado Mohmet Sady, durante el último régimen militar.

La veterana dirigente del PJ había solicitado reabrir una causa para esclarecer cuál fue el destino de su hermana y de su cuñado, quienes fueron detenidos el 10 de mayo de 1976 por personas no identificadas y presuntamente arrojados al mar tras dos meses de detención en Campo de Mayo.

El tribunal se declaró incompetente para analizar la presentación contra los integrantes de las juntas militares del Proceso y estudió la presentación con respecto al ex jefe de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros, y oficiales superiores que prestaban servicios en Campo de Mayo (entre ellos Aldo Rico).

En tal sentido, por mayoría de sus miembros, la Cámara sostuvo que debido a las leyes de obediencia debida y punto final y el posterior indulto a Riveros resulta "jurídicamente imposible reabrir cualquier investigación al respecto".

Los jueces Jorge Barral, Narciso Lugones, Horacio Prack y Daniel Rudy afirmaron en esa oportunidad que "la acción penal derivada de los hechos denunciados ha quedado extinguida".

En disidencia, el camarista Alberto Manzur, sostuvo que los homicidios denunciados debían ser investigados, porque "no se trata de buscar en esta instancia la persecución penal de sujeto alguno, sino de conocer las circunstancias en que desapareció una víctima y en su caso, donde yace su cuerpo".

Once años después, el juez Suárez Araujo, impulsó nuevamente la causa Kennedy-Sady. Dicho expediente había quedado paralizado porque la Cámara Federal de San Martín había declarado la inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dispuesta por el Congreso.

En julio pasado la Cámara de Casación ordenó la reapertura de las investigaciones por delitos relacionados con los derechos humanos.

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