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La familia Peña Braun denunciada por violar la ley de Bosques en Salta



Fecha: 07/12/2017   12:40

Con el aval del gobernador de la provincia de Salta, Greenpeace y miembros de la comunidad Wichi, denuncian que se está violando la legislación que protege los bosques nativos a pedido de un familiar del jefe de Gabinete de Cambiemos



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Greenpeace denuncia que ante los rumores de modificación de la Ley Nacional de Bosques, ahora aparecieron nuevamente las topadoras en una finca de Salta, propiedad del primo del jefe de Gabinete de la Nación.

La finca es Cuchuy y desde la organización ecológica informaron que buscan concluir el desmonte de 9 mil hectáreas de bosques protegidos y que fue con complicidad de manera "ilegal" por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido de Alejandro Jaime Braun Peña.

Greenpeace documentó el desmonte que cuatro topadoras están realizando a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en los últimos años.

La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de varias empresas de la familia Macri. La organización ecologista recorrió nuevamente la zona, luego de haber denunciado el caso en 2014 y frenar el desmonte hasta que sus activistas fueron presos.

“Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, que no permiten desmonte. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III - verde para poder deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires).

Desde Greenpeace alertan que esa destrucción "afectará seriamente a la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José y Chaguaral", cuyas familias en 2012 denunciaron que empresarios de la zona los presionan para que les permitan seguir desmontando a cambio de cederles algo de tierra.

“Necesitamos que el Congreso de la Nación sancione en forma urgente una Ley de Delitos Forestales que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó Giardini.

Greenpeace denunció que dicho proyecto de ley se encuentra demorado por la diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal.



Fuente: 07 de diciembre de 2017 (dr-derf)








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